El arco político santafesino encara un febrero con pronóstico de frente judicial caliente: por un lado, la causa por el supuesto espionaje ilegal —que sumará a la Casa Gris como querellante— ingresará a una fase clave que permitirá mensurar su alcance. Paralelamente, la Corte Suprema tiene como tarea pendiente sentar posición respecto de las potestades de senadores y diputados provinciales para sancionar a integrantes del Poder Judicial, como también acerca de la injerencia de los fueros de legisladores bajo investigación.
Hasta ayer, según deslizaron a La Capital fuentes judiciales, el pedido del gobernador Omar Perotti para intervenir como querellante en la investigación del presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos, empresarios, gremialistas y periodistas, entre otros, atribuido a la gestión de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad de la provincia, no había sido formalizado.
Si bien lo usual es que la petición ingrese a la fiscalía después de la feria, el Ejecutivo puede materializarla en lo que resta del receso de verano. Tras la presentación, se abrirá una etapa de análisis de los requisitos de forma y de fondo.
En ese contexto, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez (Delitos Complejos) tienen previsto solicitar el 1º de febrero próximo la extensión del plazo de reserva de la investigación, en la que hay más de una decena de personas identificadas. Por eso, las actuaciones incluidas serán preservadas hasta la concreción de la audiencia imputativa de cargos.
Adentro
Con el objetivo de dejar de mirar la causa desde afuera, Perotti y la titular de la cartera de Gobierno provincial, Celia Arena, firmaron el 18 de enero pasado un decreto a través del cual solicitaron al fiscal de Estado, Rubén Weder, que Santa Fe sea querellante en el expediente a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
“Es menester resguardar el accionar no sólo de los poderes estatales involucrados en la causa prealudida sino del resto de las personas que puedan estar involucradas en la misma”, precisó el decreto.
Días atrás, en sintonía con la rúbrica del decreto por parte de Perotti y Arena, el ministro de Seguridad provincial, Jorge Lagna, flexibilizó —brevemente— el hermetismo oficial que venía acompañando la investigación desde su apertura. Tras advertir que “es una causa muy intrincada”, reconoció el impacto de la aparición de su nombre entre las víctimas de las supuestas maniobras ilícitas: “Me afecta, directa e indirectamente, verme en esas listas”.
El territorio santafesino es escenario de una puja política de poderes del Estado de larga data” El territorio santafesino es escenario de una puja política de poderes del Estado de larga data”
Apenas destituido por la Legislatura santafesina, acusado de actividad proselitista incompatible con el cargo de jefe del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA que ostentaba, Sain asumió a fines de noviembre como asesor en criminalidad compleja en el Ministerio de Seguridad de la Nación, al mando de Aníbal Fernández.
Poco después, los allanamientos en el Ministerio de Seguridad provincial —oficinas de Rosario y la ciudad de Santa Fe— en busca de evidencia sobre espionaje ilegal provocaron un tembladeral político, que fue potenciado por las renuncias de los funcionarios que respondían a Sain y seguían trabajando en la cartera conducida por Lagna (asumió en marzo de 2021).
En ese sentido, la reciente movida judicial protagonizada por la Casa Gris para actuar como querellante fue interpretada por la defensa de algunos de los ex funcionarios de Seguridad bajo investigación como una llave que facilitaría el acceso a información clave para desactivar todo tipo de especulación.
Además de los pasos a seguir por los fiscales, la atención seguirá rondando la figura de Sain, quien en las últimas semanas fustigó a la Gobernación —en medios porteños y redes sociales— por el accionar de Seguridad y por la falta de acompañamiento político hacia su persona frente a la investigación del presunto espionaje ilícito.
Otro foco
En tanto, la Corte Suprema tiene en agenda dos definiciones también de alto impacto político: por un lado, debe resolver si senadores y diputados provinciales están legitimados para sancionar por faltas graves a Sain.
Si bien el criminólogo ya fue destituido del Organismo de Investigaciones, el pronunciamiento del alto tribunal será fundamental para el futuro de las potestades de los legisladores frente a eventuales conflictos de similares características.
Pero la Corte también debe resolver si es o no inconstitucional el artículo de la Carta Magna santafesina que impide citar a imputativa al senador provincial Armando Traferri (PJ) si la Cámara alta no le quita los fueros, como ocurrió a fines de 2020.
El legislador está bajo la lupa en el marco de la investigación del juego clandestino en la provincia, en la que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pretenden imputarlo por asociación ilícita.
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