Mientras la crisis entre Rusia y Ucrania acapara la atención del mundo, una crisis aún más grave está siendo tratada con desgano e ineficiencia.
Al tiempo que las imágenes de tropas rusas rodeando a Ucrania concentraban nuestra atención, la Administración Oceánica y Atmosférica de EE. UU. hacía público su más reciente estudio científico. La principal conclusión es que, en los próximos 30 años, el nivel del mar en las costas de EE. UU. subirá tanto como lo hizo durante todo el siglo XX.
¿Por qué le está costando tanto a la humanidad enfrentar con eficacia la crisis que puede acabar con la civilización tal como la hemos conocido? ¿Por qué los políticos no logran tomar las decisiones necesarias para disminuir las emisiones de C02, el gas que más contribuye al calentamiento global? Una primera respuesta es la impotencia. ¿Qué puede hacer un ciudadano normal para impedir que suba el nivel de los océanos?
Esta es una tarea para múltiples gobiernos actuando a gran escala y muy coordinadamente. Los individuos pueden hacer poco para contener estos accidentes climáticos, pero pueden hacer mucho llevando al poder a políticos capaces de movilizar a la sociedad y lograr su apoyo para las difíciles decisiones que hay que tomar.
El apoyo popular no solo se ve afectado por la sensación de impotencia que los ciudadanos tienen derecho a sentir, dado el tamaño del problema, sino también por la confusión que rodea a su solución. ¿Es la amenaza tan grave como la pintan?
Son preguntas válidas. Pero, en algunos casos, solo buscan confundir. El escepticismo y la confusión acerca de cómo enfrentar el problema se han visto muy afectados por la politización del tema y por los intereses que se benefician de la situación actual. Dos investigadores, Doug Koplow y Ronald Steenblik, acaban de publicar un estudio donde reportan que los gobiernos que dicen estar haciendo lo posible para reducir sus emisiones de CO2 gastan, al mismo tiempo, 1,8 billones de dólares, o 2 % del PIB mundial, en subsidios dirigidos a las industrias más contaminantes.
Las grandes empresas en estos sectores saben cómo defenderse de iniciativas que atentan contra su rentabilidad. Las empresas petroleras financian a escépticos que cuestionan la emergencia climática global. En 2019, ExxonMobil pagó 690.000 dólares a ocho grupos de activistas y científicos que niegan la crisis. Además, la empresa sigue apoyando financieramente a congresistas estadounidenses que se oponen a la adopción de un impuesto al consumo del carbón, iniciativa que ExxonMobil apoya públicamente.
Un difícil obstáculo para vencer en el intento de evitar que el planeta se nos haga inhabitable es la falta de solidaridad intergeneracional. En justicia, este desinterés por la situación del planeta que heredarán nuestros sucesores también se nutre de la falta de un claro consenso político acerca de qué hacer.
Las soluciones ahora disponibles, como la eliminación de subsidios a empresas altamente contaminantes o el pago de un impuesto al consumo de carbón o un masivo vuelco a energías renovables, redundan en aumentos del costo de la electricidad, de la gasolina, de la calefacción o el aire acondicionado y de los precios de productos manufacturados y mucho más.
Estos mayores costos son inmediatos y concretos, mientras los beneficios que prometen las soluciones al calentamiento global son a largo plazo y no están garantizados. Esta dualidad entre costos tangibles ahora y beneficios hipotéticos en el futuro hace muy difícil la adopción de las medidas a gran escala que requiere la crisis climática.
Las nuevas tecnologías energéticas que vienen en camino ofrecerán una solución. Pero esa solución también va a requerir importantes innovaciones en tecnología política.
MOISÉS NAÍM
En Twitter: @moisesnaim
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